SEVILLA, LA BOHEMIA QUE ENAMORA ( embrujo 13)

Retazos historia de Sevilla.

La desamortización de Mendizábal. Análisis

El texto es un fragmento del Real Decreto de febrero de 1836 por el que se hace pública la venta de los bienes inmuebles pertenecientes a las compañías religiosas recientemente suprimidas (todas, salvo las dedicadas a la educación o las que regentaban hospitales).

En 1836 el país, además de los problemas económicos que arrastra desde finales del s. XVIII, tiene que hacer frente a las guerras carlistas y a la inestabilidad política. La reina regente, a la muerte de Fernando VII, debe apoyarse en los liberales para defender el trono de su hija frente a los absolutistas partidarios de D. Carlos. La construcción de un Estado liberal requiere tomar medidas económicas liberalizadoras, acabando con los vestigios del pasado. En este contexto se entiende el gobierno de  Mendizabal, un hombre de negocios progresista, en quien se confía para atajar la deuda del Estado y atraerse a los liberales.

La idea principal, precisamente, es la declaración de venta de las propiedades de las corporaciones religiosas suprimidas. Con esta medida se persigue:

•         Destinar el dinero obtenido a pagar la deuda pública

•         Transformar la propiedad amortizada en propiedad privada plena

•         Con ello, fomentar la producción agrícola y el comercio

•         Asegurar en el trono a Isabel II, cuestionada por los carlistas

•         Asentar, con la reina, el liberalismo

Finalmente, informa de la forma de pago, aclarando que se acepta tanto dinero en efectivo como títulos de deuda pública.

Las primeras medidas desamortizadoras tuvieron lugar durante el reinado de Carlos IV, cuando Godoy autoriza en 1798 la desamortización de los bienes de la suprimida Compañía de Jesús y de las obras pías (hospicios, casas de misericordia, etc.) para, con el dinero recaudado por su venta, hacer frente al pago de la deuda pública en un contexto de guerras. Se vendió entonces 1/6 de las propiedades de la Iglesia. Las Cortes de Cádiz, en 1813, deciden la nacionalización de los bienes de las Ordenes Militares, los conventos suprimidos durante la Guerra de Independencia y los de los afrancesados. Estas medidas prácticamente no fueron llevadas a cabo, si bien su importancia radica en que sirvieron de precedente a las desamortizaciones liberales, de hecho durante el Trienio Liberal se aplicó el decreto de 1813 (supresión de monacales y desamortización de bienes de propios y baldíos). También se procedió a desvincular los señoríos, que se transformaron en propiedad privada plena, y a suprimir el mayorazgo. La restauración absolutista anuló toda esta obra, con el consiguiente descontento de la burguesía que había comprado estas propiedades.

Con todo, el grueso de la desamortización española fue obra de los progresistas Mendizábal (desamortización eclesiástica) y Madoz (civil) durante el reinado de Isabel II. Los decretos de 1836 y 1837, firmados por Mendizábal suponían la nacionalización de todos los bienes del clero para su posterior venta en subasta pública, una vez divididas las fincas en lotes, admitiéndose como forma de pago las títulos de deuda pública, muy devaluada, tras entregar al contado el 20% del importe total y pudiendo aplazar el resto entre 8 y 16 años. Así, entre 1836 y 1844 se puso a la venta más de un 66% del patrimonio de la Iglesia. Desde esa fecha, con los moderados al frente del gobierno, la desamortización se suspendió. La Ley de Madoz de 1855 afectará a los bienes de propios y comunes de los municipios y se extendió hasta 1924. En este caso sólo se aceptó el pago en efectivo, un 10% al adquirir las propiedades.

Como se lee en el texto de Mendizábal, la desamortización tenía como finalidades recaudar dinero para hacer frente a los gastos del Estado (las guerras carlistas), transformar el régimen jurídico de la propiedad agraria, ayudando al triunfo de la revolución burguesa, y crear una clase de pequeños y medianos propietarios favorables al liberalismo. Se citan otras finalidades como incentivar la libertad de comercio y defender la propiedad privada como base del desarrollo económico.

En cuanto a las consecuencias de la desamortización, en primer lugar modificó el sistema de propiedad de la tierra, liberalizando su compraventa; introdujo, además, cambios en el sistema de cultivo, condicionando de ese modo la evolución de la agricultura española. Así, el policultivo de subsistencia fue sustituido por un monocultivo comercial, cerealista en las mesetas y viticultor en Cataluña. Afectó también a la organización del paisaje al roturase baldíos, dehesas y bosques, con la consiguiente deforestación y perjuicio para la ganadería. Aumentó la producción con las roturaciones, pero no la productividad ya que a penas se modernizó la agricultura, dando lugar pronto a rendimientos decrecientes y precios poco competitivos. Los nuevos propietarios no introdujeron mejoras técnicas por no poder afrontar esta inversión o por no estar interesados al ser absentistas y disponer de abundante mano de obra barata.

No se consiguió paliar el problema de la hacienda pública, en parte debido al sistema de pagos, pues los títulos de la deuda pública se aceptaron por su valor nominal mientras que se encontraban muy devaluados. Tampoco se consiguió crear una clase de pequeños propietarios adictos al liberalismo, puesto que los campesinos no pudieron comprar las tierras y los contratos de arrendamiento impuestos por los nuevos propietarios endurecieron sus condiciones, cuando no expulsaron a estos arrendatarios para explotar directamente las tierras mediante el trabajo de jornaleros. Los municipios perdieron sus ingresos por el arriendo de los bienes de propios y ya no contaban con los terrenos comunales que servían de medio de subsistencia a los campesinos más pobres, que vieron empeorar su vida. Ello explica que el carlismo arraigase entre los pequeños campesinos del norte, mientras que los propietarios más acomodados se unieron al liberalismo, formando una nueva aristocracia terrateniente. No se aprovechó para hacer una reforma agraria, como propuso el diputado Flores Estrada, para quien el Estado debía alquilar la tierra a los pequeños campesinos y destinar esos ingresos al sostenimiento de la deuda pública. Sólo se buscaba beneficiar a la burguesía comercial y financiera, que era el sustento social del nuevo régimen.

De este modo, la estructura de la propiedad a penas se vio modificada por la desamortización, puesto que en cada región se reforzó la preexistente: allí donde existía ya una estructura latifundista aumentó la gran propiedad (Andalucía occidental) mientras que en la España septentrional se mantuvo el predominio de la pequeña y mediana propiedad. Los compradores sólo podían ser quienes tenían recursos (en metálico o en títulos de deuda pública) y, por tanto, campesinos acomodados, terratenientes y burgueses. Aunque las tierras debían dividirse en lotes para su venta, nada impedía a un mismo comprador hacerse con varios. Estos motivos explican que en las zonas latifundistas hubiese muchos absentistas entre los compradores, mientras que en el tercio norte predominaron los propios vecinos.

Finalmente, debe recordarse el expolio del patrimonio artístico y cultural, pues los conventos e iglesias desamortizados, al perder a sus moradores, en la mayor parte de los casos se vinieron abajo; sus enseres, mobiliario y obras de arte, se perdieron o mal vendieron, muchas veces a extranjeros y a una precio irrisorio. Los compradores, en la mayoría de los casos no pudieron o no quisieron mantener este patrimonio.

En conclusión, ni los nuevos propietarios invirtieron en la modernización de la explotación agraria ni se creó una clase de propietarios medios, por lo que no se dieron las circunstancias favorables para que la agricultura sirviera de base a la Revolución Industrial al no existir un mercado interior, debido al escaso poder adquisitivo de la población.

Fuente: Geohistoria-Germa

VIDEO SEVILLA LA BOHEMIA QUE ENAMORA: https://youtu.be/C8gIqnWKwp8

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English

Retazos history of Seville. The confiscation of Mendizábal. Analysis   The text is a fragment of the Royal Decree of February 1836 making public the sale of immovable property belonging to religious companies recently suppressed (all except those dedicated to education or those that run hospitals). In 1836 the country, in addition to the economic problems that drag since the end of s. XVIII, has to face the Carlist wars and political instability. The queen regent, to the death of Fernando VII, must rely on the liberals to defend the throne of his daughter against the absolutist supporters of D. Carlos. The construction of a liberal state requires taking liberalizing economic measures, ending the vestiges of the past. In this context, the Mendizabal government is understood, a progressive business man, who is entrusted to tackle the state debt and attract the liberals.

The main idea, precisely, is the declaration of sale of the properties of the suppressed religious corporations. With this measure, it is pursued: • To allocate the money obtained to pay the public debt • Transform amortized property into full private ownership • With this, encourage agricultural production and trade • Securing Isabel II on the throne, questioned by the Carlists • Settle, with the queen, liberalism Finally, it informs about the form of payment, clarifying that both cash and public debt securities are accepted. The first desamortizadoras measures took place during the reign of Carlos IV, when Godoy authorizes in 1798 the confiscation of property of the suppressed Society of Jesus and the pious works (hospices, houses of mercy, etc.) for, with the money collected by its sale, to face the payment of the public debt in a context of wars. 1/6 of the properties of the Church were sold then. The Cortes of Cádiz, in 1813, decided the nationalization of the assets of the Military Orders, the convents suppressed during the War of Independence and those of the Frenchified. These measures were practically not carried out, although their importance is that they served as a precedent to the liberal confiscations, in fact during the Liberal Triennium the decree of 1813 was applied (suppression of monacales and disentailment of own and uncultivated goods). It also proceeded to unlink the manors, which became full private property, and to abolish the mayorazgo. The absolutist restoration annulled all this work, with the consequent dissatisfaction of the bourgeoisie that had bought these properties.

However, the bulk of the Spanish confiscation was the work of the progressives Mendizábal (ecclesiastical confiscation) and Madoz (civil) during the reign of Isabel II. The decrees of 1836 and 1837, signed by Mendizábal, supposed the nationalization of all the goods of the clergy for their later sale in public auction, once the farms were divided into lots, admitting as a form of payment the titles of public debt, very devalued, after Deliver in cash 20% of the total amount and can defer the rest between 8 and 16 years. Thus, between 1836 and 1844 more than 66% of the patrimony of the Church was put on sale. From that date, with the moderates at the head of the government, the confiscation was suspended. The Law of Madoz of 1855 will affect the property of own and common of the municipalities and extended until 1924. In this case only the payment in cash was accepted, 10% when acquiring the properties. As the text of Mendizábal reads, the confiscation had the purpose of raising money to meet the expenses of the State (the Carlist wars), transform the legal regime of agrarian property, helping the triumph of the bourgeois revolution, and create a class of small and medium owners favorable to liberalism. Other purposes are mentioned, such as encouraging freedom of trade and defending private property as a basis for economic development.

Regarding the consequences of the confiscation, first modified the system of land ownership, liberalizing its sale; introduced, in addition, changes in the farming system, thus conditioning the evolution of Spanish agriculture. Thus, the subsistence polyculture was replaced by a commercial monoculture, cereal in the plateaus and viticulturist in Catalonia. It also affected the organization of the landscape to break wastelands, meadows and forests, with the consequent deforestation and damage to livestock. Production increased with plowing, but not productivity since agriculture was hardly modernized, soon giving rise to diminishing returns and uncompetitive prices. The new owners did not introduce technical improvements for not being able to face this investment or for not being interested in being absentees and having abundant cheap labor. It was not possible to alleviate the problem of public finances, partly due to the payment system, since the titles of the public debt were accepted at their nominal value while they were very devalued. Nor was it possible to create a class of small owners addicted to liberalism, since the peasants could not buy the land and the lease contracts imposed by the new owners hardened their conditions, when they did not expel these tenants to directly exploit the land through labor. of day laborers. The municipalities lost their income by renting their own property and no longer had the communal land that served as a means of subsistence for the poorest peasants, who saw their lives worsen. This explains why Carlism took root among the small peasants of the north, while the more affluent landowners joined liberalism, forming a new landed aristocracy. It was not used to make an agrarian reform, as proposed by deputy Flores Estrada, for whom the State had to rent the land to the small farmers and allocate that income to sustain the public debt. The only aim was to benefit the commercial and financial bourgeoisie, which was the social support of the new regime.

In this way, the structure of the property was hardly modified by the confiscation, since in each region the pre-existing one was reinforced: there where a latifundian structure already existed, large property increased (western Andalusia) while in northern Spain maintained the predominance of small and medium-sized property. Buyers could only be those who had resources (in cash or in public debt securities) and, therefore, well-off peasants, landowners and bourgeoisie. Although the lands had to be divided into lots for sale, nothing prevented the same buyer from making several. These reasons explain that there were many absentees among the landowners in the large landholding areas, while in the northern third, the neighbors themselves predominated. Finally, we must remember the plundering of the artistic and cultural heritage, since the convents and churches disentailed, to lose their inhabitants, in most cases fell down; their belongings, furniture and works of art, were lost or badly sold, many times to foreigners and at a ridiculous price. The buyers, in most cases, could not or did not want to maintain this patrimony. In conclusion, neither the new owners invested in the modernization of the farm or created a class of middle owners, so there were favorable circumstances for agriculture to serve as the basis for the Industrial Revolution in the absence of an internal market , due to the scarce purchasing power of the population.

Source: Geohistoria-Germa.

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